La jueza latina Sonia Sotomayor dejó entrever que favorece a la polémica ley de Arizona

La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. cuestionó los argumentos del Gobierno federal de que sólo él tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración, durante una audiencia sobre la constitucionalidad de la polémica ley SB1070 de Arizona.

Durante una audiencia, que duró casi hora y media, tanto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como el juez Antonin Scalia, ambos de corte conservador, parecieron apoyar la posición del Gobierno de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal.

La SB1070 convierte en delito penal, por primera vez, la presencia en un estado de inmigrantes indocumentados, y el meollo del caso gira en torno a si el gobierno de Arizona se extralimitó al usurpar los poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Para Roberts, la oposición del Gobierno de Barack Obama a la SB1070 pareciera indicar que “no quiere saber” dónde están los inmigrantes indocumentados.

“¿Qué busca el Gobierno, si no permite que los estados defiendan sus fronteras”, argumentó por su parte Scalia.

La jueza Sonia Sotomayor, actualmente la segunda mujer y única latina en el Supremo, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que el Gobierno federal “no estaba vendiendo bien” sus argumentos contrarios a la ley de ese estado.

A lo largo de su exposición, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar el problema de la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.
Frente a ello, el abogado del Gobierno federal ante el Tribunal Supremo, Donald Verilli, argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no sólo podría conducir a encarcelamientos masivos, sino que podría afectar a las relaciones bilaterales con México.

Señaló, a manera de ejemplo, que entre el 60 % y 70 % de las personas deportadas de EE.UU. son a México, país con el que EE.UU. busca una estrecha cooperación.

“¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?”, preguntó de manera retórica Scalia, en uno de sus intercambios con Verilli.

Sólo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la jueza Elena Kagan se retiró en diciembre pasado del caso por su vínculo con el litigio de la SB1070 en su antiguo papel como abogada del Gobierno ante el Tribunal Supremo.

Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso, a la vez que no descartó que la ley, si se mantiene en pie, abra la puerta al encarcelamiento masivo de los aproximadamente 400.000 indocumentados que se calcula viven en su estado.

Además de Brewer, la concurrida audiencia contó con la asistencia de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el autor de la SB1070 y exsenador estatal republicano, Russell Pearce, y Kris Kobach, arquitecto de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del aspirante presidencial republicano Mitt Romney.

En paralelo a la primera y única audiencia de la SB1070 ante el Supremo, miles de activistas a lo largo de la zona de la frontera sur de EE.UU. y en las gradas del tribunal realizaron hoy vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley.

Militantes a favor de la SB1070 también se manifestaron frente al Tribunal Supremo.

La Administración Obama tiene ya ante el Tribunal Supremo el caso en el que defiende la reforma sanitaria y este caso en el que busca la revocación de la SB1070, ambas promulgadas en 2010 y que tendrán repercusión en el proceso electoral este año.

Se prevé que el Tribunal Supremo emita su dictamen sobre ambos casos para finales de junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección.